Autos chutos y votos

Con algunas diferencias, tres de los ahora nueve candidatos a la Presidencia (la postulación de Jaime Dunn, de NGP, no prosperó) ofrecen como parte de sus planes de gobierno la nacionalización de vehículos indocumentados, más conocidos como “chutos” por su condición de ilegales. Son alrededor de un millón de motorizados sin papeles, que circulan en todo el país, según estimaciones de la Cámara Automotriz de Bolivia, aunque la Aduana maneja cifras menores.

Proponen legalizar lo ilegal, en los tres casos con el argumento de generar ingresos para las arcas del Estado y los gobiernos municipales y demostrar “sensibilidad social”, tal como lo hizo en 2011 el gobierno del entonces presidente Evo Morales, cuando aprobó la Ley 133 de nacionalización de vehículos indocumentados, en medio de cuestionamientos internos y de expresiones de preocupación en Chile, Brasil y Paraguay por el temor de que centenares de motorizados robados en esos países adquieran legalidad en Bolivia.

Entonces la demanda por nacionalizar autos indocumentados fue más allá de las previsiones de la Aduana Nacional que, en los primeros diez días de vigencia de la amnistía, registró 70.248 vehículos ilegales, cuando se esperaba que fueran solo 10 mil. Al final se presentaron 128.059 motorizados para su nacionalización.

De ahí en adelante varios candidatos a ocupar cargos subnacionales, especialmente en las regiones de alta circulación de autos chutos, ofrecieron gestionar una nueva legalización, lo que nunca ocurrió. Esta vez reflotan la idea tres “presidenciables”, lo que lleva a pensar que el objetivo detrás de la oferta podría ser conquistar una buena cantidad de votos. 

Si fueran un millón y habría igual cantidad de propietarios, entre todos ellos superarían los 862.186 votos con los que Fernando Camacho obtuvo el tercer lugar en la última elección nacional. Pura especulación, cierto, pero sería muy ingenuo pensar que detrás de estas ofertas no exista un cálculo electoral ¿Quiénes lo hacen? Jhonny Fernández, de la alianza Fuerza del Pueblo (FP); Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); y Eduardo Del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El primero dijo que el objetivo es generar recursos para el país y proyectó que con la legalización de unos 900 mil vehículos chutos se podrá recaudar alrededor de 180 millones de dólares en solo 60 días. El postulante del PDC cree que todo el mundo tiene un motorizado ilegal en Bolivia, que ello no es un pecado (lo dijo, textual, en una entrevista con la red Erbol) y que negar su legalización “sería un grave error”.

Del Castillo también plantea la legalización, aunque condicionada a un “pago módico” y a que los autos se transformen inmediatamente en híbridos mediante la instalación de un denominado “kit verde”, que reemplazaría el motor de combustión interna con un motor eléctrico.

Los anuncios de campaña, según ha declarado el investigador chileno del Grupo de Búsqueda de Vehículos, Hugo Bustos, ya han causado que en su país aumente en 200% la cifra de vehículos robados, que se presume son trasladados a Bolivia. Y seguro que muchos chuteros ya tienen decidido el voto por alguno de los candidatos que ofrece legalizar su delito. Porque sí, aunque suene incómodo para algunos, vender o comprar un motorizado chuto es un delito y el delito debe ser combatido.

Eso no ha ocurrido y, por el contrario, los chutos se comercializan en al menos 69 ferias en distintas partes del territorio nacional, de las que la Policía tiene conocimiento. 

Además, ¿cómo es que se puede premiar a quienes cometieron un delito? ¿Qué ocurre con quienes hicieron sus compras y pagaron impuestos y combustibles cumpliendo lo que manda la ley? ¿No debería haber un mayor incentivo para ellos?

Seguramente hay argumentos económicos y sociales que se deben debatir en este caso, pero en este momento las ofertas de legalización de chutos parecen más anzuelos para pescar votantes que medidas de alivio económico.