“Leyes incendiarias”

Los bolivianos soportamos, una vez más, los efectos de la elevada contaminación del aire, una vez más debido a los chaqueos descontrolados que comenzaron hace dos meses. Y una vez más reflota el debate sobre la necesidad de modificar, o finalmente derogar, las denominadas “leyes incendiarias”.

Mientras, las cifras del desastre continúan en ascenso, hay al menos 4 millones de hectáreas devoradas por el fuego, alrededor de 6 millones de animales muertos (según estimaciones de expertos) y el Gobierno tuvo que declarar, primero, emergencia nacional y luego una pausa ecológica indefinida, medida que, mediante decreto supremo, declara que las tierras fiscales afectadas por los incendios serán declaradas tierras no disponibles por un período de cinco años.

La situación es muy grave. Las páginas especializadas que informan en tiempo real sobre la calidad del aire y los focos de calor muestran, todas, que uno de los territorios más afectados es el boliviano, en especial los departamentos de Santa Cruz,  Pando y Beni. Según imágenes satelitales captadas el pasado jueves por el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, Bolivia era ese día el país más golpeado por los incendios en la región, con 3.749 fuegos activos, seguido de Brasil con 2.909. Este domingo seguramente la situación debe continuar igual.

Para combatir el fuego, el Ejecutivo anunció el arribo de ayuda internacional y el uso de nueva tecnología, como las denominadas “cajas guardián”, que son dispositivos con capacidad de trasladar mil litros de agua y que se lanzan desde el aire para combatir los incendios. Y a la declaratoria de emergencia, la pausa ecológica y las otras medidas, se sumó el traslado del Gabinete en pleno, encabezado por el presidente Luis Arce, a Santa Cruz.

El Senado abrogó las leyes 337 y 1147, la primera que ya no estaba vigente y la segunda que no se encontraba reglamentada, pero dio la espalda a la abrogación de la Ley 741, que ha sido identificada por expertos ambientalistas como la principal causante de los incendios forestales en el país.

Junto a ella se encuentran otras leyes nacionales, locales y decretos identificados en el paquete de normativas consideradas incendiarias. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social identificó ocho, la Fundación Tierra al menos seis y la Fundación Solón, 10.

Como dijimos antes, la Ley 741 es la más observada. El viernes, la Cámara Agropecuaria del Oriente emitió un comunicado en el que hizo saber que el jueves “el Senado rechazó el tratamiento de la Ley N.º 741, que sigue siendo la principal causante de incendios forestales en Bolivia”, porque “permite realizar chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles, facilitando así la proliferación de incendios que devastan nuestros bosques sin control”.

Un texto publicado por la Fundación Tierra, titulado ¿Por qué eliminar la Ley 741? abunda en motivos para derogar esta normativa, entre ellos muchos datos que reflejan que no logró el objetivo de garantizar el incremento sustancial de superficie cultivada de alimentos, tal como se fundamentó al momento de su aprobación, en septiembre de 2015, a demanda de las comunidades interculturales.

“La anulación de esta normativa es una de las mejores decisiones que puede adoptar el Gobierno nacional, al menos para deslindar sus responsabilidades a la hora de proteger los derechos de la Madre Tierra”, concluyó el investigador Gonzalo Colque.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha señalado en la semana que concluye que la abrogación de leyes no resolverá el problema, pero a decir de los expertos ayudará a mitigarlo. Por ello, a la par de las acciones que toman el Ejecutivo y el Legislativo, no está demás que se pueda abrir un amplio escenario de discusión, “de emergencia”, para analizar este paquete de normativas, en especial la Ley 741, pero uno donde la voz de los expertos sea más escuchada que la de los políticos.