Debate electoral obligatorio, ya

La iniciativa ronda desde principios de año y urge que se consolide cuanto antes, por respeto a los electores y por el bien de la democracia. El debate electoral obligatorio, fundamentalmente el presidencial, debería recibir carta de ciudadanía antes de las elecciones de 2025. Dar la espalda a esta iniciativa es únicamente poner trabas al voto informado.

Ya en 2020 el ahora presidente Luis Arce Catacora dio el primer paso para romper esa falaz excusa que durante 18 años utilizó Evo Morales para no dar la cara en un debate presidencial: “Yo debato con el pueblo”. Arce defendió en un debate su programa de gobierno.

Se presentó en Santa Cruz en un encuentro con todos los candidatos a la Presidencia y expuso sus argumentos sobre el futuro económico de Bolivia. El encuentro, que estuvo organizado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), permitió a los bolivianos ver las capacidades de todos los candidatos antes de emitir su voto, lo que, insistimos, debería repetirse antes de las elecciones de 2025.

Y es que los debates presidenciales desempeñan un papel crucial en los procesos democráticos, ya que ofrecen una oportunidad única para que los ciudadanos evalúen a los candidatos de manera directa y comparativa. Permiten, además, conocer no solo las propuestas y programas de gobierno, sino también el carácter, la capacidad de argumentación y la habilidad para manejar situaciones de presión de quienes aspiran a liderar un país.

En un contexto democrático, los debates son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Los candidatos están obligados a presentar sus ideas de manera clara y defenderlas frente a la crítica de sus oponentes. Esto no solo contribuye a enriquecer el diálogo político, sino que también permite a los votantes identificar las diferencias clave entre los proyectos políticos en competencia. En este sentido, los debates no son meramente eventos mediáticos, sino espacios fundamentales para fomentar una ciudadanía más informada y participativa.

Justamente por ello, ya en diciembre de 2019 el gobierno de Jeanine Añez propuso el debate obligatorio entre los postulantes a la Presidencia y Vicepresidencia. Planteó que se realice 10 días antes de las elecciones y cinco días antes, en caso de segunda vuelta. El planteamiento no prosperó.
El 9 de enero de este año, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, presentó a Sala Plena un anteproyecto de ley sobre debate electoral obligatorio. Planteó sancionar a los candidatos que no debatan con la suspensión de la subvención indirecta estatal del fortalecimiento público. 

El 13 de noviembre, el TSE envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el “Proyecto de ley con exposición de motivos sobre debate electoral público y obligatorio”, en el que se plantea la modificación de la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio, para la reflexión y deliberación de las propuestas programáticas de las candidatas y los candidatos a cargos públicos elegibles de Presidente, Vicepresidente, gobernadores, Ejecutivo Regional y alcaldes del Estado Plurinacional de Bolivia.

La vocal Gutiérrez, promotora del proyecto de ley, indicó que esta iniciativa tiene por objeto fortalecer el ejercicio del derecho al voto de los electores mediante decisiones informadas. Complementó además que el debate electoral puede constituirse en un espacio democrático de confrontación ideológica de los candidatos en procesos electorales, proporcionando a la ciudadanía información de sus propuestas, programas de gobierno y sus posiciones en temáticas de interés nacional y local.

Desde este espacio, consideramos que ya no se debería dilatar más esta decisión y que, antes de emitir el voto en 2025, los bolivianos podamos medir en un debate a todos los candidatos a ocupar el cargo más importante en el país.