Medidas duras contra la corrupción

La corrupción es una de las mayores lacras que afectan a Bolivia y ha sido una constante en su historia política, económica y social. A lo largo de los años, los escándalos de corrupción han sacudido las estructuras del Estado, afectando a diversas instituciones y erosionando la confianza de la población en el Gobierno y en la justicia. 

Lastimosamente, parecería que los bolivianos nos hemos resignado a vivir en medio de ella y no solo eso, muchos hasta la alimentan cuando pagan coimas para conseguir un contrato, acceder a un puesto laboral en el sector público, apurar algún trámite o hasta para evitar multas de tránsito.

No olvidemos que, más allá de los casos específicos y los grandes escándalos que hemos conocido en el último tiempo, la corrupción ha generado un impacto devastador en la economía, el desarrollo social y la estabilidad democrática del país. Mantenerla con la vitalidad que ahora tiene nos asfixiará como país.

Uno de los aspectos más preocupantes es su alcance estructural. No se trata de casos aislados de funcionarios deshonestos, sino de redes organizadas que operan en distintos niveles del Estado, desde el Gobierno central hasta las administraciones municipales. La falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y la ausencia de mecanismos efectivos de control han permitido la proliferación de prácticas corruptas en diversas áreas, incluyendo la adjudicación de contratos, la administración de justicia y la provisión de servicios públicos.

No obstante algunos avances, como la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, hasta la fecha no se ha logrado implementar un mecanismo verdaderamente eficiente que acabe con ella o al menos la disminuya en porcentajes relevantes. Por el contrario, en la última década la corrupción ha cobrado fuerza. 

En la semana que concluye se ha conocido el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 que elabora Transparencia Internacional (TI) en el que se establece que Bolivia cayó nuevamente hasta situarse con una puntuación de apenas 28 en una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción). En 2023 ya había caído a 29 puntos, dos por debajo de los 31 que registró en 2022. La mejor puntuación que obtuvo en los últimos 13 años fue en 2014, cuando logró 35 puntos.

Este año, el reporte de Transparencia Internacional advierte que la “corrupción generalizada” en las Américas fomenta violaciones a los derechos humanos y obstaculiza los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Coincidentemente, dos ministros de medio ambiente cayeron, acusados de enriquecimiento ilícito durante esta gestión: Juan Santos Cruz y Alan Lisperguer. El primero, según investigación del Ministerio Público, compró con dinero de sobornos al menos dos haciendas, cinco vehículos de lujo, un frigorífico y 27 inmuebles distribuidos en Cobija, Santa Cruz y Tarija. El segundo, adquirió nueve casas y registró 43 depósitos por 1,1 millones de bolivianos en el periodo 2021-2024.

El impacto económico de la corrupción es incalculable. Millones de dólares que podrían destinarse a la construcción de hospitales, escuelas y carreteras terminan en manos de funcionarios inescrupulosos y empresarios coludidos con el poder. Esto no solo impide el desarrollo del país, sino que también genera un círculo vicioso en el que la pobreza y la desigualdad se perpetúan. Además, la corrupción ahuyenta la inversión extranjera, ya que las empresas desconfían de un sistema en el que los sobornos y el clientelismo son moneda corriente.

Por ello, hay que conocer las propuestas de los precandidatos a la Presidencia para combatir este mal. Y no basta decir “cero tolerancia a la corrupción”; la retórica debe estar acompañada de medidas concretas y duras, muy duras, no solo para que los corruptos acaben tras las rejas, sino para desalentar de cuajo a quienes estén pensando en incurrir en estas prácticas.